el caso atenco una verguenza
En votación económica la determinó concluida y por la tarde los ministros procederán a la discusión del dictamen. Se infiere que hubo tratos inhumanos, se expuso en la sesión matutina.
Jesús Aranda y La Jornada On Line
México, DF. Por votación económica, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró suficiente la investigación para acreditar los hechos cometidos durante los sucesos ocurridos en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006.
A piedra y lodo, este lunes los ministros iniciaron la discusión sobre las graves violaciones a las garantías individuales cometidas en el municipio mexiquense.
En la sesión matutina el ministro Genaro David Góngora Pimentel manifestó que en el referido caso hubo una indebida investigación de los hechos. Se sospecha, dijo, que hubo tratos inhumanos, allanamiento de morada, incomunicación; asimismo hay indicios de violación sexual y retención ilegal.
Góngora Pimentel señaló con respecto al proyecto del ministro ponente que si bien hay referencias a los terribles acontecimientos de aquel año, faltan por documentarse más toda vez que, hubo autoridades que negaron los hechos a pesar de las evidencias.
A este respecto, agregó el ministro "debemos poner límites y decir que en México existe Estado de derecho, que existen leyes racionales y no la ley de la selva. En méxico ya no se toleran estas situaciónes, son otros tiempos. Los derechos humanos no son algo que se puedan menospreciar".
Previamente, en el salón de plenos colmado de secretarios y funcionarios del máximo tribunal y con acceso restringido a los medios de comunicación, los ministros escucharon el informe del ministro instructor José de Jesús Gudiño Pelayo sobre los acontecimientos.
El ministro presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia cerró la cesión y convocó para la sesión vespertina a las 17 horas de este mismo día y continuar el análisis del caso.
Afuera, un grupo de manifestantes, algunos de ellos con machete en mano, exigen que la Corte cumpla con su obligación de no ocultar el “crimen de Estado” que ocurrió en San Salvador Atenco y exigen el castigo de los responsables de las violaciones a los derechos humanos de los habitantes de esa comunidad.
México, D. F., a 3 de febrero de 2009
- El documento, que contiene solamente el punto de vista del ministro instructor, puede consultarse en la página web del Alto Tribunal: http://www.scjn.gob.mx/
- El dictamen busca establecer si hubo violaciones graves a las garantías individuales, en varios momentos de lo ocurrido los días 3 y 4 de mayo de 2006.
A partir de hoy se puede consultar en la página web del Alto Tribunal -www.scjn.gob.mx-, la versión pública del dictamen sobre los hechos ocurridos en Texcoco y San Salvador Atenco, los días 3 y 4 de mayo de 2006, que será analizado por el Pleno de Ministros a partir del 9 de febrero.
El dictamen, que contiene solamente el punto de vista del ministro instructor, José de Jesús Gudiño Pelayo, busca establecer si hubo violaciones graves a las garantías individuales en varios momentos de lo ocurrido en: el mercado de flores de Texcoco y sus inmediaciones; el bloqueo de la carretera Texcoco-Lechería y el intento de desbloqueo por parte de la autoridad; la concentración en un domicilio particular de la calle Manuel González; el traslado de los detenidos al penal de Santiaguito, y su internamiento en ese centro, todo ello el 3 de mayo de 2006.
Asimismo, el 4 de mayo, en: el desbloqueo de la carretera Texcoco-Lechería; el avance de la policía hacia San Salvador Atenco, los cateos domiciliarios y la liberación de agentes policíacos retenidos por civiles; el traslado de los detenidos al penal de Santiaguito, y la internación de los detenidos en el referido penal.
Conforme a las reglas aprobadas por el Pleno de Ministros a las que deben sujetarse las comisiones de investigación que se formen con motivo del ejercicio de la facultad consignada en el párrafo segundo del artículo 97 constitucional, en el informe -que ya se presentó previamente al Pleno- no se podrá calificar la legalidad de lo actuado en averiguaciones previas, juicios o procedimientos que efectúen otros órganos del Estado, y la investigación debe versar sobre hechos consumados dentro del plazo que señale la Suprema Corte.
Esto, sin perjuicio de que si en el desarrollo de la investigación la Comisión investigadora advirtió que en alguno de esos asuntos pudieran haberse cometido violaciones graves de garantías individuales, así lo asentaría en sus conclusiones a fin de que el Pleno de ministros del Alto tribunal determine lo conducente. Todo ello, conforme a la regla 21.
Además, de acuerdo con la regla 24, el dictamen del ministro Gudiño Pelayo deberá pronunciarse sobre la suficiencia de la investigación; determinar si existieron violaciones graves a las garantías individuales; señalar a las autoridades involucradas en dichas violaciones, y precisar los órganos de autoridad y autoridades competentes para actuar en el caso, así como los demás elementos que el ministro que elaboró el dictamen considere necesarios.
Les escribimos para solicitarles nuevamente su apoyo solidario con Doña Magdalena García Durán.
Como el año pasado, nuevamente Doña Magdalena rifará un hermoso bordado en punto de cruz.
El ganador o ganadora podrá escoger el bordado que más le guste. La rifa se realizará el próximo 15 de febrero de 2009. El costo de boleto es de $50 pesos. Si desean apoyar con la compra de boletos, les pedimos se pongan en contacto con nosotras y si lo desean pueden hacer de antemano el depósito en la siguiente cuenta: Banco: SCOTIA BANK Cuenta no. 2697939 a nombre de Raquel Vázquez e indicarnos en que sucursal hicieron el depósito, el día y el monto del mismo, para poder asignarles sus boletos.
Sabemos que estos momentos son difíciles en lo que a lo económico respecta, pero les pedimos su apoyo y solidaridad con la compañera Magdalena Garcia Duran. Aún quedan varios boletos por asignar y deseamos que lo que se logre juntar sea justo, considerando el arduo trabajo que ella ha realizado en cada una de sus piezas.
Si desean ver algunos de los trabajos y escuchar las palabras de Magdalena contándonos lo que su trabajo significa para ella y el porque de esta rifa, pueden verlo aquí. De antemano gracias por su apoyo. Esperamos su respuesta y les mandamos un calido abrazo.
Mujeres y la Sexta DF-Edomex
Abajo y a la Izquierda con Todo el Corazón
Página: http://mujeresylasexta.org/
Correo: mujeresyla6a@yahoo.com.mx
En relación con el proyecto sobre el caso Atenco, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá este lunes 9 de febrero, como promovente de la petición para que la Corte investigara los hechos ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, manifiesto lo siguiente:
1. De aprobarse el proyecto como está, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría otorgando una carta de impunidad para Eduardo Medina Mora, Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Núñez, Humberto Benítez Treviño, Héctor Guevara Ramírez, Eugenio Alonso Chombo, Irineo Monroy, Abel Villa Caña, Sergio Macedo López, Alberto Castrejón Muñoz, Hipólito Treviño Licea, Natividad Carrera Santiago, Nazario Gutiérrez Martínez, Wilfrido Robledo, Ardelio Fosado, Gudmero Rodríguez Leyva y para más de 3 mil policías federales, estatales y municipales, todos ellos participantes en las graves violaciones a los derechos humanos que la Corte constató en su investigación y que señala con nombre y apellido.
2. A pesar de que el proyecto señala a los funcionarios que están involucrados en los delitos cometidos en contra de más de 200 ciudadanos detenidos con motivo de esos hechos, como son homicidios, violaciones sexuales, lesiones que ponen en peligro la vida, detenciones arbitrarias, robos, cateos ilegales y tortura, no hay pronunciamiento alguno respecto de la sanción penal, civil, administrativa y política que corresponde a cada funcionario, según su grado de participación en los hechos.
3. El ministro ponente, Gudiño Pelayo, aduce que la Corte no tiene facultades para determinar la responsabilidad de los mencionados funcionarios; sin embargo, esto es falso, en virtud de que la propia Corte había determinado en febrero de 2007 en el pleno que la investigación tendría también como objetivo “hacer llegar a las autoridades competentes su opinión sobre las formas de reparación de la violación de las garantías, ya sean jurídicas o civiles; así como también, en su caso, la opinión sobre posibles responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas”. Por lo que esta decisión del pleno implicaba la facultad de la Corte de pronunciarse respecto de las responsabilidades de los funcionarios.
4. Posteriormente, en septiembre de 2007, la Corte hizo un acuerdo mediante el cual decidió modificar su anterior resolución y autolimitarse para no pronunciarse respecto de las responsabilidades penales, civiles, administrativas y políticas. Al respecto, cabe señalar que el acuerdo mencionado no es válido, porque significa la aplicación retroactiva a un caso que estaba presentado desde un año antes de que se emitiera este acuerdo, situación que está expresamente prohibida
